Redención Editorial
La participación ciudadana es una práctica de la democracias modernas donde se involucra al pueblo en las decisiones políticas y de gobierno, permite que no sólo los representantes decidan, a pesar de que han sido elegidos para eso; es decir, la democracia participativa no está peleada con la democracia representativa, como muchos representantes populares han pensando y únicamente aceptan la participación de los ciudadanos al momento de emitir su voto en las urnas; piensan que la democracia sólo es votar y se olvidan del pueblo y los intereses que representan al momento de llegar a la cúpula; ven a los ciudadanos como una simple fabrica de sufragios, únicamente productiva cada 3 o 6 años; mientras tanto, el ciudadano queda desprotegido y a merced de las decisiones que ciertos grupos e individuos tomen, esa es la realidad de nuestra “democracia” y no el verdadero gobierno del pueblo.
Por eso no es extraño que a partir del anuncio que hiciera el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubon acerca de realizar una Consulta popular en materia de la reforma petrolera para el 27 de Julio en la Ciudad de la Esperanza y la invitación al resto de la entidades a sumarse a este proyecto, muchas opiniones salieran a la luz, principalmente de los que se dicen “representantes populares”, me refiero a los senadores, diputados, gobernadores, los servidores públicos y de otros al servicio del sistema, argumentado la inconstitucionalidad de esta práctica democrática, el retraso que provocaría la consulta en la aprobación de la reforma energética; miles de críticas en contra de Ebrard y su gobierno y lo que resulta más grave, creer que lo ciudadanos somos ignorantes, y es verdad que no somos expertos en petróleo, pero eso no significa que no sepamos que queremos para la nación y para nosotros.
¿Por qué ninguno de estos personajes consideró ignorantes o incapaces a los ciudadanos cuando les pidieron el voto? El reflejo del miedo a que el poder se deposite eficazmente en el pueblo como menciona el artículo 39 constitucional son estos ataques a la Consulta Popular, personalmente les recomendaría regresaran a sus aulas de ciencia política y derecho constitucional ya que parecen desconocer las leyes y fundamentos que respaldan la iniciativa de preguntarle a los ciudadanos cuál debe ser el rumbo de PEMEX.
Ante esta postura de la Consulta Popular que ha sido en general bien acogida por los ciudadanos, muchos estados y municipios se han sumado para participar en la Consulta Popular, el Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador ha dado su respaldo al mandatario de la ciudad y ha exhortado a gobernadores, presidentes municipales y a los congresos estatales a que también participen el 27 de Julio e incluso anunció otras dos fechas probables el 3 y 10 de agosto y no sólo la consulta cuenta con el respaldo de López Obrador, el FAP y los ciudadanos, sino de la Constitución en los artículos: 26 y 39 , en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que en su artículo 2º contempla como instrumentos de participación ciudadana a la consulta y en el capítulo IV de dicha ley destinado a la Consulta Ciudadana establece los requisitos para esta (artículos 42, 43 y 45), también el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 67 faculta al Jefe de Gobierno para realizar plebiscito siempre y cuando no viole el artículo 68 de dicho estatuto y la consulta en materia petrolera no lo viola, ya que entre sus violaciones solo contempla asuntos de la administración pública, régimen fiscal o tributario.
Así que no hay pretexto, a pesar de lo que diga Calderón, Mouriño, los legisladores de Acción Nacional, Televisa, TV Azteca, los medios impresos, a los que dicen que el debate ya es manifestación de la voluntad popular, les decimos que no es suficiente ya que el debate ha sido limitado tanto en su participación como en su transmisión y difusión , digan lo que digan, la consulta es legal, es legítima y el 27 de Julio habrá consulta en el Distrito Federal y también (quizá en distintas fechas) en más de 2500 municipios a lo largo y ancho del país, así que todos a participar en la consulta ciudadana y a manifestar la verdadera voluntad del pueblo mexicano.¿Por qué ninguno de estos personajes consideró ignorantes o incapaces a los ciudadanos cuando les pidieron el voto? El reflejo del miedo a que el poder se deposite eficazmente en el pueblo como menciona el artículo 39 constitucional son estos ataques a la Consulta Popular, personalmente les recomendaría regresaran a sus aulas de ciencia política y derecho constitucional ya que parecen desconocer las leyes y fundamentos que respaldan la iniciativa de preguntarle a los ciudadanos cuál debe ser el rumbo de PEMEX.
Ante esta postura de la Consulta Popular que ha sido en general bien acogida por los ciudadanos, muchos estados y municipios se han sumado para participar en la Consulta Popular, el Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador ha dado su respaldo al mandatario de la ciudad y ha exhortado a gobernadores, presidentes municipales y a los congresos estatales a que también participen el 27 de Julio e incluso anunció otras dos fechas probables el 3 y 10 de agosto y no sólo la consulta cuenta con el respaldo de López Obrador, el FAP y los ciudadanos, sino de la Constitución en los artículos: 26 y 39 , en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que en su artículo 2º contempla como instrumentos de participación ciudadana a la consulta y en el capítulo IV de dicha ley destinado a la Consulta Ciudadana establece los requisitos para esta (artículos 42, 43 y 45), también el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 67 faculta al Jefe de Gobierno para realizar plebiscito siempre y cuando no viole el artículo 68 de dicho estatuto y la consulta en materia petrolera no lo viola, ya que entre sus violaciones solo contempla asuntos de la administración pública, régimen fiscal o tributario.
¡PEMEX no se vende! (Adriana Mendiola)
Labastida peón de intereses privados.
por: Jaime Pardo Almazán
No cabe la menor duda que los grupos de poder se niegan a permitir un cambio en la forma de gobierno de nuestro país. Los que se creen amos y dueños de México se niegan a permitir el cambio que requiere la patria, para el sano desarrollo y mejoramiento económico, político y social que se requiere.
Quienes detentan los cargos públicos son los mismos que lo hicieron antes, llevan más de 20 años encaramados en los espacios donde se toman las decisiones. Brincan de un cargo a otro para seguir beneficiándose, haciendo jugosos negocios al amparo de los bienes de la Nación.
Un ejemplo, es el Senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía en la cámara alta. El senador, de una u otra manera, siempre ha estado involucrado en el desgaste de las empresas paraestatales.
En 1982 fue Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal para el sexenio de Miguel de la Madrid y en ese periodo fue parte del desmantelamiento de las propiedades colectivas del Estado mexicano. Durante su gestión al frente de todas ellas, liquidó, fusionó, extinguió, transfirió, enajenó y privatizó 743 empresas paraestatales. Fue el principal operador de la primera y más numérica desincorporación de empresas que eran propiedad de la nación.
Con lo cual podemos darnos cuenta de la forma en la que han abusado de los cargos para entregar las empresas nacionales al sector privado. Entre las entidades públicas que dejaron de ser prioridades del Estado, estaban algunas como Trigo Industrializado CONASUPO, Tapetes Mexicanos, Fundidora Monterrey, FUMOSA, entre otras muchas.
En estos días podemos ver a Labastida, muy diligente, encabezando el debate petrolero, logrados con la movilización popular y la toma de las tribunas; jugando a ser ajeno al proceso de desmantelamiento del Estado fuerte, cuando en realidad, sabemos, por su trayectoria, que será parte, con su voto y su operación política, en la Comisión de Energía del Senado, de la entrega a particulares de algunos sectores estratégicos de PEMEX.
Aunque parezca increíble, hay personajes en la historia de México que deciden ser peones de las fuerzas más perversas y jugar el rol de ejecutores, de traidores, de esquiroles. Francisco Labastida Ochoa es uno de ellos, un señoritingo al servicio de la sevicia y de la plutocracia. En 2000 fue el único personaje priísta que se prestó a entregarle a la derecha el poder que durante tantos años el pueblo le había negado.
Labastida fue, como Secretario de Gobernación, el creador de la Policía Federal Preventiva, policía contrainsurgente de carácter militar, cuyo estreno fue la violación de la autonomía de la UNAM en febrero de 2000. Y fue secretario de Agricultura en 1995, año en el que empezó el desmantelamiento del campo mexicano, donde sustituyó los subsidios a los productores en beneficio de las importaciones, en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Uno de los principales argumentos de el clan privatizador es que PEMEX carece de recursos; un argumento carente de verdad, que evidencia el cinismo con el que operan. Sólo recordar que en 2000 cuando la tecnocracia jugaba a la democracia, el PRI, recibió 500 millones de pesos para su campaña presidencial, ese dinero, como se sabe, provenía de la empresa petrolera, este acontecimiento de corrupción y delito electoral, conocido como pemexgate, representa la evidencia más importante de cómo el gobierno mexicano dilapida los recursos de PEMEX para el beneficio político y con el objeto de desmantelar la empresa, al frente de este atraco, una vez más Labastida.
Las mentiras y abusos de estos grupos son las que han llevado al país a la crisis que hoy se vive, son ellos quienes han saqueado a la Nación y son esos mismos los que hoy se disponen a votar una serie iniciativas de ley para permitir inversión de privados en el sector energético, son esos mismos los que de no haber sido por la toma de las tribunas del congreso y la Resistencia Civil Pacifica ya hubieran entregado el patrimonio nacional.
Francisco Labastida no debe representarnos, no lo hace; es un hombre al servicio del dogma neoliberal que pretende desmantelar a las empresas estatales, en beneficio de los poderes económicos privados. Por ello, al estar vinculado directamente en el perjuicio de PEMEX, el senador priísta, debe excusarse de participar en el debate parlamentario y en la decisión sobre el destino de la industria petrolera. No puede ser solución quien es problema. Labastida no tiene un juicio independiente, sólo está ahí para proteger sus intereses y esconder sus corruptelas.
por: Jaime Pardo Almazán
No cabe la menor duda que los grupos de poder se niegan a permitir un cambio en la forma de gobierno de nuestro país. Los que se creen amos y dueños de México se niegan a permitir el cambio que requiere la patria, para el sano desarrollo y mejoramiento económico, político y social que se requiere.Quienes detentan los cargos públicos son los mismos que lo hicieron antes, llevan más de 20 años encaramados en los espacios donde se toman las decisiones. Brincan de un cargo a otro para seguir beneficiándose, haciendo jugosos negocios al amparo de los bienes de la Nación.
Un ejemplo, es el Senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía en la cámara alta. El senador, de una u otra manera, siempre ha estado involucrado en el desgaste de las empresas paraestatales.
En 1982 fue Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal para el sexenio de Miguel de la Madrid y en ese periodo fue parte del desmantelamiento de las propiedades colectivas del Estado mexicano. Durante su gestión al frente de todas ellas, liquidó, fusionó, extinguió, transfirió, enajenó y privatizó 743 empresas paraestatales. Fue el principal operador de la primera y más numérica desincorporación de empresas que eran propiedad de la nación.
Con lo cual podemos darnos cuenta de la forma en la que han abusado de los cargos para entregar las empresas nacionales al sector privado. Entre las entidades públicas que dejaron de ser prioridades del Estado, estaban algunas como Trigo Industrializado CONASUPO, Tapetes Mexicanos, Fundidora Monterrey, FUMOSA, entre otras muchas.
En estos días podemos ver a Labastida, muy diligente, encabezando el debate petrolero, logrados con la movilización popular y la toma de las tribunas; jugando a ser ajeno al proceso de desmantelamiento del Estado fuerte, cuando en realidad, sabemos, por su trayectoria, que será parte, con su voto y su operación política, en la Comisión de Energía del Senado, de la entrega a particulares de algunos sectores estratégicos de PEMEX.
Aunque parezca increíble, hay personajes en la historia de México que deciden ser peones de las fuerzas más perversas y jugar el rol de ejecutores, de traidores, de esquiroles. Francisco Labastida Ochoa es uno de ellos, un señoritingo al servicio de la sevicia y de la plutocracia. En 2000 fue el único personaje priísta que se prestó a entregarle a la derecha el poder que durante tantos años el pueblo le había negado.
Labastida fue, como Secretario de Gobernación, el creador de la Policía Federal Preventiva, policía contrainsurgente de carácter militar, cuyo estreno fue la violación de la autonomía de la UNAM en febrero de 2000. Y fue secretario de Agricultura en 1995, año en el que empezó el desmantelamiento del campo mexicano, donde sustituyó los subsidios a los productores en beneficio de las importaciones, en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Uno de los principales argumentos de el clan privatizador es que PEMEX carece de recursos; un argumento carente de verdad, que evidencia el cinismo con el que operan. Sólo recordar que en 2000 cuando la tecnocracia jugaba a la democracia, el PRI, recibió 500 millones de pesos para su campaña presidencial, ese dinero, como se sabe, provenía de la empresa petrolera, este acontecimiento de corrupción y delito electoral, conocido como pemexgate, representa la evidencia más importante de cómo el gobierno mexicano dilapida los recursos de PEMEX para el beneficio político y con el objeto de desmantelar la empresa, al frente de este atraco, una vez más Labastida.
Las mentiras y abusos de estos grupos son las que han llevado al país a la crisis que hoy se vive, son ellos quienes han saqueado a la Nación y son esos mismos los que hoy se disponen a votar una serie iniciativas de ley para permitir inversión de privados en el sector energético, son esos mismos los que de no haber sido por la toma de las tribunas del congreso y la Resistencia Civil Pacifica ya hubieran entregado el patrimonio nacional.
Francisco Labastida no debe representarnos, no lo hace; es un hombre al servicio del dogma neoliberal que pretende desmantelar a las empresas estatales, en beneficio de los poderes económicos privados. Por ello, al estar vinculado directamente en el perjuicio de PEMEX, el senador priísta, debe excusarse de participar en el debate parlamentario y en la decisión sobre el destino de la industria petrolera. No puede ser solución quien es problema. Labastida no tiene un juicio independiente, sólo está ahí para proteger sus intereses y esconder sus corruptelas.
Caldo de cultivo para la barbarie
por Gerardo Oviedo
por Gerardo Oviedo
Son muchas las fechas importantes dentro de la historia de México, pero aquí me referiré sólo a tres, porque, dada su trascendencia, y debido a los tiempos políticos y sociales que vivimos, podemos hacer una analogía y entender el por qué la revolución siempre estará ligada al ser humano mientras se comentan injusticias, falta de libertad y de democracia: Primero de Junio de 1906, estalla la huelga de Cananea en el estado de Sonora. Dos mil trabajadores se lanzan a las calles de su pueblo exigiendo entre otras cosas: salario mínimo de cinco pesos, ocho horas de trabajo, que dentro de los trabajos mineros de la Cananea Consolidated Copper Co. se deben emplear el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, además, de que “todo mexicano (…) tendrá derecho al ascenso, según se lo permitan sus aptitudes".
Otro momento histórico que podría traducirse en una sola frase, “La tierra es de quien la trabaja”, es el 25 de noviembre de 1911 al proclamarse el plan de Ayala, en el que los zapatistas llamaban a levantarse en armas en contra del gobierno federal para restituir las tierras a los campesinos, pues sostenían que las tierras le habían sido despojadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes porfiristas, y debían ser devueltas a sus dueños originales. Iniciándose así uno de los preceptos básicos de justicia dentro de la revolución; en teoría se destruye el latifundio y se crea el ejido, se reparten miles de hectáreas al finalizar la gesta revolucionaria; menos de cien años después entra en vigor una cláusula dentro del TLCAN donde se permite, en este 2008, la libre importación de maíz y frijol, teniendo como consecuencia la pauperización del ya de por sí arrasado campo mexicano, porque no se tomó en cuenta que en EU y en Canadá, los campesinos reciben subsidios gubernamentales, por lo que el campesinado mexicano se enfrenta a una competencia desigual que, por ende, le llevará a convertirse en un producto de exportación ilegal como migrante. Cien años después no se ha cumplido el axioma: “La tierra es de quien la trabaja”.
Y el tercer momento histórico es el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, expropia la industria petrolera debido a todas las irregularidades e injusticias que las trasnacionales cometían en perjuicio de la nación y de sus trabajadores. Aquí un extracto del discurso expropiatorio de Lázaro Cárdenas: “Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.”
Y hoy, cuando se creía que había pasado la época entreguista del porfiriato, compañías como la Halliburton hacen su agosto en México: “Nueva York, 21 de enero. La firma estadounidense de servicios energéticos Halliburton informó este lunes que ganó un contrato a tres años, por 683 millones de dólares, con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para perforar y finalizar 58 pozos en tierra en el sur de México. Halliburton proveerá a PEMEX con personal, herramientas, equipamiento de estimulación y tecnología inalámbrica, así como con otros servicios.
“Halliburton, señalada por haber obtenido contratos por 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irak sin licitación, proveerá a Pemex de servicios integrales de perforación que incluyen herramientas, tecnología inalámbrica y personal capacitado. “Por los próximos tres años el grupo de manejo de proyectos de Halliburton preverá a Pemex con soluciones integrales de perforación y finalización, que utilizarán nuestra fuerza y experiencia en tecnología e infraestructura para ayudar a Pemex a superar una serie de dificultades en el campo de la perforación”, dijo Cris Gaut, presidente de la división de perforación y evaluación de Halliburton en un comunicado.” (La jornada 21 de enero de 2008)
Y más aún, cuando el encargado de despacho del la secretaría de gobernación: Juan Camilo Mouriño se configura como empresario petrolero a la vez que debiera garantizar la gobernabilidad interior, dos cosas completamente incompatibles ¿A quién defenderá, a sus intereses y de sus amigos o a la nación y al pueblo de México?: Aquí me pregunto: ¿No existen los mismos factores que llevaron a esos alzamientos y toma de decisiones en aquellos años de 1906, 1911 y 1938? Algunos piensan que porque está Walmart repleta de productos que en teoría se pueden comprar la gente es más feliz. Que la guerra está al otro lado del mundo. Que aquí, en México, no pasa nada. Pero tomemos en cuenta que en este momento hay cerca de 40 conflictos bélicos en el mundo. Yo sostengo que si las condiciones sociales no vuelven a un equilibrio de justicia, libertad y democracia, México se está convirtiendo en una olla de presión para que en un par de años (¿2010 tal vez?) se vuelva a iniciar un proceso revolucionario que llevará, como en todo levantamiento armado, sangre de por medio. Y el fraude electoral del 2 de julio, el TLCAN, la privatización de PEMEX, y Oaxaca quedaría para la historia, como lo fue Cananea y el fraude porfirista en contra de Francisco I. Madero. Hipótesis de un artículo enciclopédico del año 2100, cuando todos los que vivimos ahora estemos muertos: “Después de los eventos ocurridos en 2006, como lo fue el probado fraude electoral, y del movimiento magisterial promovido por los maestros de la sección 22 de la CNTE, el pueblo, cansado de las agresiones constantes por parte de la dictadura reinante en aquella época, deciden lanzar el Plan del Sol. El 21 de marzo de 2010 se toma palacio nacional. Para el 22, un contingente, encabezado por los comandantes Gerardo Fernández y Flavio Sosa, detienen a los usurpadores y traidores a la patria mientras se escondían en los baños de la casona presidencial, entre los que se encuentran: El dictador Felipe Calderón y su séquito aristorático: Juan Camilo Mouriño, César Nava, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Germán Martínez, Federico Döring entre otros. Son llevados a la penitenciaría, hoy desaparecida del Altiplano, y condenados a la pena máxima: El deshonor y la vergüenza nacional. Para el 25 de marzo de aquel año, se instala una junta de notables y deciden convocar a elecciones a la brevedad posible para restaurar los principios básicos de una verdadera república justa, democrática y libre...”
Las Adelitas. Símbolo de la Desobediencia Civil
por Marco Arturo Calderas Osorio
Otro momento histórico que podría traducirse en una sola frase, “La tierra es de quien la trabaja”, es el 25 de noviembre de 1911 al proclamarse el plan de Ayala, en el que los zapatistas llamaban a levantarse en armas en contra del gobierno federal para restituir las tierras a los campesinos, pues sostenían que las tierras le habían sido despojadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes porfiristas, y debían ser devueltas a sus dueños originales. Iniciándose así uno de los preceptos básicos de justicia dentro de la revolución; en teoría se destruye el latifundio y se crea el ejido, se reparten miles de hectáreas al finalizar la gesta revolucionaria; menos de cien años después entra en vigor una cláusula dentro del TLCAN donde se permite, en este 2008, la libre importación de maíz y frijol, teniendo como consecuencia la pauperización del ya de por sí arrasado campo mexicano, porque no se tomó en cuenta que en EU y en Canadá, los campesinos reciben subsidios gubernamentales, por lo que el campesinado mexicano se enfrenta a una competencia desigual que, por ende, le llevará a convertirse en un producto de exportación ilegal como migrante. Cien años después no se ha cumplido el axioma: “La tierra es de quien la trabaja”.
Y el tercer momento histórico es el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, expropia la industria petrolera debido a todas las irregularidades e injusticias que las trasnacionales cometían en perjuicio de la nación y de sus trabajadores. Aquí un extracto del discurso expropiatorio de Lázaro Cárdenas: “Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.”
Y hoy, cuando se creía que había pasado la época entreguista del porfiriato, compañías como la Halliburton hacen su agosto en México: “Nueva York, 21 de enero. La firma estadounidense de servicios energéticos Halliburton informó este lunes que ganó un contrato a tres años, por 683 millones de dólares, con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para perforar y finalizar 58 pozos en tierra en el sur de México. Halliburton proveerá a PEMEX con personal, herramientas, equipamiento de estimulación y tecnología inalámbrica, así como con otros servicios.
“Halliburton, señalada por haber obtenido contratos por 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irak sin licitación, proveerá a Pemex de servicios integrales de perforación que incluyen herramientas, tecnología inalámbrica y personal capacitado. “Por los próximos tres años el grupo de manejo de proyectos de Halliburton preverá a Pemex con soluciones integrales de perforación y finalización, que utilizarán nuestra fuerza y experiencia en tecnología e infraestructura para ayudar a Pemex a superar una serie de dificultades en el campo de la perforación”, dijo Cris Gaut, presidente de la división de perforación y evaluación de Halliburton en un comunicado.” (La jornada 21 de enero de 2008)
Y más aún, cuando el encargado de despacho del la secretaría de gobernación: Juan Camilo Mouriño se configura como empresario petrolero a la vez que debiera garantizar la gobernabilidad interior, dos cosas completamente incompatibles ¿A quién defenderá, a sus intereses y de sus amigos o a la nación y al pueblo de México?: Aquí me pregunto: ¿No existen los mismos factores que llevaron a esos alzamientos y toma de decisiones en aquellos años de 1906, 1911 y 1938? Algunos piensan que porque está Walmart repleta de productos que en teoría se pueden comprar la gente es más feliz. Que la guerra está al otro lado del mundo. Que aquí, en México, no pasa nada. Pero tomemos en cuenta que en este momento hay cerca de 40 conflictos bélicos en el mundo. Yo sostengo que si las condiciones sociales no vuelven a un equilibrio de justicia, libertad y democracia, México se está convirtiendo en una olla de presión para que en un par de años (¿2010 tal vez?) se vuelva a iniciar un proceso revolucionario que llevará, como en todo levantamiento armado, sangre de por medio. Y el fraude electoral del 2 de julio, el TLCAN, la privatización de PEMEX, y Oaxaca quedaría para la historia, como lo fue Cananea y el fraude porfirista en contra de Francisco I. Madero. Hipótesis de un artículo enciclopédico del año 2100, cuando todos los que vivimos ahora estemos muertos: “Después de los eventos ocurridos en 2006, como lo fue el probado fraude electoral, y del movimiento magisterial promovido por los maestros de la sección 22 de la CNTE, el pueblo, cansado de las agresiones constantes por parte de la dictadura reinante en aquella época, deciden lanzar el Plan del Sol. El 21 de marzo de 2010 se toma palacio nacional. Para el 22, un contingente, encabezado por los comandantes Gerardo Fernández y Flavio Sosa, detienen a los usurpadores y traidores a la patria mientras se escondían en los baños de la casona presidencial, entre los que se encuentran: El dictador Felipe Calderón y su séquito aristorático: Juan Camilo Mouriño, César Nava, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Germán Martínez, Federico Döring entre otros. Son llevados a la penitenciaría, hoy desaparecida del Altiplano, y condenados a la pena máxima: El deshonor y la vergüenza nacional. Para el 25 de marzo de aquel año, se instala una junta de notables y deciden convocar a elecciones a la brevedad posible para restaurar los principios básicos de una verdadera república justa, democrática y libre...”
Las Adelitas. Símbolo de la Desobediencia Civil
por Marco Arturo Calderas Osorio
“Hay leyes injustas: ¿nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las trasgrediremos ahora mismo?
“Si la injusticia tiene un muelle o una polea o una cuerda o una manivela exclusivamente para ella, entonces tal vez debáis considerar si el remedio no será peor que la enfermedad; pero si es de tal naturaleza que os obliga a ser agentes de la injusticia, entonces os digo, quebrantad la ley. Que vuestra vida sea un freno que detenga la máquina”. Henry David Thoreau.
La desobediencia civil es una forma de no colaboración con una autoridad injusta, parte del principio ético de no aceptar la ley como obediencia impuesta, sino del principio moral de la justeza de la aplicación de la ley, y de la legitimación de la autoridad.
Todo ser humano tiene derecho a desobedecer (objetar) una ley, cuya aplicación o interpretación autoritaria vaya en contra del principio moral de atentar en contra de la dignidad de un individuo, de un grupo social, de una población o de una nación.
En el caso de la Constitución mexicana en su artículo 39, garantiza que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Pero no sólo ello sino también que: el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
Pero cuando este poder público, como gobierno y las instituciones creadas demuestran fehacientemente su carácter ilegal e ilegítimo, no sólo por el fraude electoral, si no también por la profundidad de sus intenciones políticas: al intentar privatizar los bienes de la Nación, al generar terror militar en todo el país, al crear incertidumbre alimentaria y al privatizar la aplicación de la ley profundizando la impunidad. El pueblo tiene derecho a objetar las políticas impuestas.
Ante la acumulación de hechos injustos e inmorales, que atentan en contra del bien común, la objeción de conciencia no sólo es una opción, es una obligación moral. De ahí que las “Adelitas” como símbolo de emancipación de la dignidad de la Nación se hayan cubierto de gloria.
Hace falta tener mucho valor para enfrentar sin armas la violencia instrumental del Estado (Televisa; TV Azteca, SSP-PFP, etc.).
El coraje femenino en el ejercicio de la No-Violencia ha fortalecido la convicción, la razón y la palabra, de que sólo por medio del consenso, la consulta y el referéndum se puede transitar hacia la democracia.
Las suaves voces del viento de cambio, tibiamente susurran a través de los bosques, retoman el aliento de la frágil vida de los pinos y la floresta, esta vida está cambiando, a dicho basta, las suaves voces del viento se han fortalecido y de su vientre nace una nueva estirpe de mujeres valientes.
“Si la injusticia tiene un muelle o una polea o una cuerda o una manivela exclusivamente para ella, entonces tal vez debáis considerar si el remedio no será peor que la enfermedad; pero si es de tal naturaleza que os obliga a ser agentes de la injusticia, entonces os digo, quebrantad la ley. Que vuestra vida sea un freno que detenga la máquina”. Henry David Thoreau.
La desobediencia civil es una forma de no colaboración con una autoridad injusta, parte del principio ético de no aceptar la ley como obediencia impuesta, sino del principio moral de la justeza de la aplicación de la ley, y de la legitimación de la autoridad.
Todo ser humano tiene derecho a desobedecer (objetar) una ley, cuya aplicación o interpretación autoritaria vaya en contra del principio moral de atentar en contra de la dignidad de un individuo, de un grupo social, de una población o de una nación.
En el caso de la Constitución mexicana en su artículo 39, garantiza que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Pero no sólo ello sino también que: el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
Pero cuando este poder público, como gobierno y las instituciones creadas demuestran fehacientemente su carácter ilegal e ilegítimo, no sólo por el fraude electoral, si no también por la profundidad de sus intenciones políticas: al intentar privatizar los bienes de la Nación, al generar terror militar en todo el país, al crear incertidumbre alimentaria y al privatizar la aplicación de la ley profundizando la impunidad. El pueblo tiene derecho a objetar las políticas impuestas.
Ante la acumulación de hechos injustos e inmorales, que atentan en contra del bien común, la objeción de conciencia no sólo es una opción, es una obligación moral. De ahí que las “Adelitas” como símbolo de emancipación de la dignidad de la Nación se hayan cubierto de gloria.
Hace falta tener mucho valor para enfrentar sin armas la violencia instrumental del Estado (Televisa; TV Azteca, SSP-PFP, etc.).
El coraje femenino en el ejercicio de la No-Violencia ha fortalecido la convicción, la razón y la palabra, de que sólo por medio del consenso, la consulta y el referéndum se puede transitar hacia la democracia.
Las suaves voces del viento de cambio, tibiamente susurran a través de los bosques, retoman el aliento de la frágil vida de los pinos y la floresta, esta vida está cambiando, a dicho basta, las suaves voces del viento se han fortalecido y de su vientre nace una nueva estirpe de mujeres valientes.
¿Son los movimientos de insurgencia popular sinónimo de terrorismo? (segunda parte)
por Marco Arturo Calderas Osorio
por Marco Arturo Calderas Osorio
En México, la historia de la guerra de guerrillas es parte de la identidad de lo mexicano. Desde antes de la Independencia, pasando por la Reforma, la Revolución de 1910 hasta la actualidad, los historiadores han valorado positivamente lo asertivo de los movimientos populares de insurgencia.
Desde la perspectiva de la no violencia y de la desobediencia civil no estamos de acuerdo con la estrategia de la lucha armada, pero no podemos dejar de pronunciarnos y unir nuestras voces en la exigencia de la presentación de los desaparecidos políticos del EPR, la liberación de los presos políticos de todos los signos, en particular del EZLN; la desaparición de cárceles clandestinas y el desmantelamiento de las tropas de paramilitares y mercenarios que son parte de la guerra de exterminio.
Los jueces y magistrados, en su actuar, definen el concepto de terrorismo, carecen de honestidad y hacen de la aplicación de justicia un acto doloroso y angustiante para la sociedad:
Cuando el gobierno permite el encarecimiento de los alimentos para maximizar la ganancia de los empresarios, se le llama terrorismo alimentario.
Cuando el poder adquisitivo del salario es inferior a la necesidad de sostén familiar, se da el terrorismo laboral.
Si, como un acto de represión política a un movimiento de defensa de sus tierras, el Estado viola y arremete contra la intimidad emocional de las mujeres configura el terrorismo sexual.
El terrorismo mediático es el acto en el que los medios de comunicación con su contenido y en la forma de dar la noticia, mercadean las emociones de manera violenta, generando confusión y desaliento en la sociedad.
Cuando los jueces y magistrados son garantes de la injusticia y la arbitrariedad podemos hablar de terrorismo institucional.
Cuando se tortura, asesina y desaparece seres humanos violando sistemáticamente los derechos humanos, con tal de mantener aséptica la teoría del libre mercado; esto tiene una justa definición, se le llama terrorismo de Estado.
Pero cuando un grupo de individuos decide organizarse y tomar las armas para conducir a la sociedad a su liberación, los terroristas de Estado, institucionales, mediáticos, sexuales, laborales y alimentarios, gritan histéricamente para calificarlos de terroristas. La vieja fórmula se reproduce, el verdadero terrorista denuncia a su víctima: “¡al terrorista! ¡Al terrorista!”.
Desde no violencia se vislumbra así: “Mi fe en la no violencia me obliga a actuar con la mayor determinación, en la que no caben la cobardía ni la debilidad. No obstante siempre se puede esperar que una persona violenta encuentre la no violencia, mientras que tal esperanza no es posible en el caso del cobarde” (Mohandas Ghandi, junio 1927).
Desde la perspectiva de la no violencia y de la desobediencia civil no estamos de acuerdo con la estrategia de la lucha armada, pero no podemos dejar de pronunciarnos y unir nuestras voces en la exigencia de la presentación de los desaparecidos políticos del EPR, la liberación de los presos políticos de todos los signos, en particular del EZLN; la desaparición de cárceles clandestinas y el desmantelamiento de las tropas de paramilitares y mercenarios que son parte de la guerra de exterminio.
Los jueces y magistrados, en su actuar, definen el concepto de terrorismo, carecen de honestidad y hacen de la aplicación de justicia un acto doloroso y angustiante para la sociedad:
Cuando el gobierno permite el encarecimiento de los alimentos para maximizar la ganancia de los empresarios, se le llama terrorismo alimentario.
Cuando el poder adquisitivo del salario es inferior a la necesidad de sostén familiar, se da el terrorismo laboral.
Si, como un acto de represión política a un movimiento de defensa de sus tierras, el Estado viola y arremete contra la intimidad emocional de las mujeres configura el terrorismo sexual.
El terrorismo mediático es el acto en el que los medios de comunicación con su contenido y en la forma de dar la noticia, mercadean las emociones de manera violenta, generando confusión y desaliento en la sociedad.
Cuando los jueces y magistrados son garantes de la injusticia y la arbitrariedad podemos hablar de terrorismo institucional.
Cuando se tortura, asesina y desaparece seres humanos violando sistemáticamente los derechos humanos, con tal de mantener aséptica la teoría del libre mercado; esto tiene una justa definición, se le llama terrorismo de Estado.
Pero cuando un grupo de individuos decide organizarse y tomar las armas para conducir a la sociedad a su liberación, los terroristas de Estado, institucionales, mediáticos, sexuales, laborales y alimentarios, gritan histéricamente para calificarlos de terroristas. La vieja fórmula se reproduce, el verdadero terrorista denuncia a su víctima: “¡al terrorista! ¡Al terrorista!”.
Desde no violencia se vislumbra así: “Mi fe en la no violencia me obliga a actuar con la mayor determinación, en la que no caben la cobardía ni la debilidad. No obstante siempre se puede esperar que una persona violenta encuentre la no violencia, mientras que tal esperanza no es posible en el caso del cobarde” (Mohandas Ghandi, junio 1927).
El Pueblo no ejerce su soberanía
por Ferrer Galván Acosta
por Ferrer Galván Acosta
En días recientes empresas de análisis de opinión presentaron los resultados de sendas encuestas nacionales, se trata de empresas como Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) y la alianza del Grupo de Economistas y Asociados con Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA), ambas con posiciones políticos bien definidas; los primeros con el zedillismo y la intención tecnócrata por imponer la chulo de Peña Nieto en Los Pinos, y por el otro lado GEA ISA, identificada con los intereses salinocalderonistas.
Los estudios dados a conocer por las propias encuestadoras arrojan resultados interesantes, que nos permiten hacer juicios sobre la forma en que se toman las decisiones en México. El origen político de las empresas GCE y GEA-ISA es sistémico por lo que la metodología de ambas encuestas deja mucho que desear, pues están realizadas para tender hacia resultados favorables al sector que cada cual representa. Aun así, no pudieron ocultar el alud de inconformidad y decepción que existe hacia todo el sistema político mexicano.
La calificación promedio que obtuvo Felipe Calderón como presidente fue de 5.6, según GCE, es decir, reprobado; el sector social, según la Encuesta Nacional 2008 Gobierno, Sociedad y Política, que mejor califica al gobierno espurio es el que declara percibir ingresos mensuales superiores a los 85 mil pesos, mientras que en los sectores mayoritarios con ingresos de hasta dos salarios mínimos, la calificación se mantuvo reprobatoria. A nadie extraña el bajo reconocimiento social al gobierno federal, conociendo su origen fraudulento.
Pero si el poder ejecutivo está cuestionado y a nadie le extraña, comienza a ser preocupante que el poder legislativo, según GCE, tenga calificaciones por debajo del 4.5, ubicados debajo de la policía y los sindicatos.
El poder judicial se pinta sólo. En estos días ha conculcado el derecho de millones de trabajadores del Estado, profesores, médicos y burócratas, a ampararse contra la Ley del ISSSTE, la cual viola evidentemente la constitución en el artículo 123. Esos mismos jueces, declararon a Mario Marín como ajeno del tráfico de influencias mediante el cual protegió a Kamel Nacif y la red de pederastia denunciada por Lydia Cacho.
El pueblo, según el artículo 39 constitucional es el legítimo depositario del poder soberano; es decir, surgen de él las leyes, y es en él, en nosotros, donde cobra sentido el Estado mexicano. La Carta Magna también suscribe que México es un país libre e independiente y que es democrático, o sea, que se gobierna con, para y desde, el pueblo; la forma en que éste ejerce su soberanía (art. 41) es, a través de representantes populares, a través de los tres poderes de la Unión.
México tiene un presidente espurio, un congreso de zorros, gallos, pericos, hormigas, perros y gatos (como definió GCE a los partidos políticos) y el poder judicial es acaso una agencia donde se compra la justicia y donde por medio de sentencias y laudos acallan el clamor histórico y la necesidad de justicia con sentencias a modo.
Carece de lógica histórica el hecho que un presidente pelele, diputados y senadores “animales” y unos jueces elitistas decidan el futuro de una propiedad colectiva como lo es la industria petrolera.
La democracia mexicana no es imperfecta, simplemente no existe. El sistema de gobierno representativo que tiene nuestro país ha terminado por consolidar a élites políticas que favorecen la postura social y comercial de las otras élites (económicas, mediáticas y morales) y de sus propios intereses político particulares antes que representar la voluntad popular que debe reflejarse en el bien común.
El artículo 39 de la Constitución, reconoce el derecho inalienable del pueblo a cambiar la forma de su gobierno. No hay momento en la Historia reciente de México en que sea más necesario ejercer ese derecho, pues los poderes en los que depositamos el ejercicio de gobierno se hallan usurpados, fastidiados o corrompidos. El pueblo debe desconocerlos.
Por ello, la Consulta Ciudadana cobra sentido; es un acto, legal, libre y legítimo, en el que el pueblo despoja a sus “representantes” de esa categoría.
Cuando los gobernantes, en su desempeño o por su origen, se distancian del pueblo, de sus intereses como nación, de sus decisiones como Estado y deciden entregar los bienes o conculcar los derechos colectivos e individuales en lugar de salvaguardarlos, como es su obligación constitucional, entonces “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno”, es decir, que tiene el derecho de remover, suplir, cambiar, desconocer e incluso ratificar a esos poderes que se hallan usurpados.
La Constitución de Venezuela, en su artículo 138, determina lo que en nuestro 39 queda implícito: “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Por ello no podemos confiar en los tres poderes, que en el mejor de los casos (sólo en el legislativo y el judicial) algunos de sus integrantes son verdaderos representantes populares, pero que en la mayoría se reflejan las ideas y necesidades de las oligarquías y su deseo de mantener las desigualdades en beneficio de unos cuantos millonarios.
Así lo cree el propio pueblo de México. En quien debe recaer la decisión sobre el futuro de la industria petrolera es en sus únicos y legítimos dueños, los mexicanos como nación. Es una creencia generalizada, según GEA ISA, 83% de los mexicanos creen que debemos ser los ciudadanos quienes lo definamos mediante la consulta popular.
A ese porcentaje de la población que se pronuncia por la toma de decisiones directa, a través de la consulta se le opone un 72% de los senadores que aduciendo su representatividad, buscan cerrar los ojos a una ciudadanía participativa.
Fuentes:
Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política. Gabinete de Comunicación Estratégica. Director Liébano Saenz.
http://www.gabinetece.com.mx
Encuesta Telefónica Nacional GEA-ISA en torno a la percepción ciudadana sobre la reforma a la legislación para el sector petrolero (13 de junio de 2008)
http://www.isa.org.mx
Juan Sandoval Íñiguez es arzobispo de Guadalajara que en 1994 supliera a Juan Jesús Posadas Ocampo tras ser asesinado en el aeropuerto de esa ciudad.
Juan Sandoval Íñiguez es el cardenal de Guadalajara y, también, es quien verdaderamente manda en Jalisco, quien decide políticas y veta medidas. Sus relaciones no solamente se restringen al ámbito político, también entre la élite empresarial tiene influencia. Este personaje hace a muchos intelectuales y líderes sociales preguntarse: ¿existe realmente un estado laico en Jalisco?
A raíz de la llegada al gobierno del Estado de Emilio González Márquez, las relaciones entre los poderes civil y espiritual se han estrechado. El escándalo que mejor marca este proceso es la llamada megalimosna, un “donativo” hecho por el gobernador a una asociación civil llamada Pro Construcción del Santuario de los Mártires, fachada, en realidad, del Arzobispado de Guadalajara (dominado enteramente por el cardenal).
Pero, ¿cómo llegó a amasar tanta influencia el purpurado jalisciense? Sin duda, Sandoval Íñiguez ha sabido barajar bien sus cartas. Es amigo de los grandes políticos y de los grandes empresarios. Algunas versiones periodísticas lo relacionan con varios capos del narcotráfico, sin embargo, esto no se ha demostrado de manera clara y, por supuesto, su Excelencia no lo ha admitido. El cardenal, además, ha sabido manejar bien a los medios de comunicación. En realidad se ha comportado como un magnate de la información: el Arzobispado de Guadalajara tiene un periódico, El Semanario, que cada siete días tira alrededor de 35,000 ejemplares (datos proporcionados por el mismo periódico). Juan Sandoval Íñiguez también controla una estación de radio llamada Radio María, la cual transmite las 24 horas del día. Todavía no ha logrado la concesión, por lo cual alquila la señal al Grupo Televisa.
La presencia de Sandoval Íñiguez es constante en los medios de comunicación: cada vez que emite alguna declaración, la prensa, la radio y las televisoras locales registran sus palabras como si se tratara del gobernador. Así se explica la influencia contundente que tiene el purpurado en varios estratos de la sociedad tapatía: se sabe vender.
Dentro de la iglesia católica, Sandoval Íñiguez es considerado como uno de los personajes más retrógrados. Muchos lo comparan con el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Sin embargo, lo que diferencia al purpurado jalisciense de sus colegas es su influencia en el gobierno, en el empresariado y en los medios de comunicación. Temas como el aborto, la eutanasia, el uso generalizado del condón, el ejercicio pleno de la sexualidad, etcétera, son poco tratados por los políticos jaliscienses, saben que si los abordan, se las verán con el cardenal: y el cardenal es quien manda.
Juan Sandoval Íñiguez parece invencible. Sin embargo, hay ya signos de debilidad. Hace una semana redactó una carta pública dirigida a la asociación civil Pro Construcción del Santuario de los Mártires, donde pedía la devolución del controvertido donativo. No lo hizo porque quiso, porque lo deseaba, lo realizó porque la presión social ha sido enérgica ante este desvío de fondos. Pero falta mucho: Jalisco, hoy, no es un estado laico, es una entidad gobernada por un civil llamado Emilio González Márquez que tiene, como jefe supremo, a un cardenal: así de simple.
Los estudios dados a conocer por las propias encuestadoras arrojan resultados interesantes, que nos permiten hacer juicios sobre la forma en que se toman las decisiones en México. El origen político de las empresas GCE y GEA-ISA es sistémico por lo que la metodología de ambas encuestas deja mucho que desear, pues están realizadas para tender hacia resultados favorables al sector que cada cual representa. Aun así, no pudieron ocultar el alud de inconformidad y decepción que existe hacia todo el sistema político mexicano.
La calificación promedio que obtuvo Felipe Calderón como presidente fue de 5.6, según GCE, es decir, reprobado; el sector social, según la Encuesta Nacional 2008 Gobierno, Sociedad y Política, que mejor califica al gobierno espurio es el que declara percibir ingresos mensuales superiores a los 85 mil pesos, mientras que en los sectores mayoritarios con ingresos de hasta dos salarios mínimos, la calificación se mantuvo reprobatoria. A nadie extraña el bajo reconocimiento social al gobierno federal, conociendo su origen fraudulento.
Pero si el poder ejecutivo está cuestionado y a nadie le extraña, comienza a ser preocupante que el poder legislativo, según GCE, tenga calificaciones por debajo del 4.5, ubicados debajo de la policía y los sindicatos.
El poder judicial se pinta sólo. En estos días ha conculcado el derecho de millones de trabajadores del Estado, profesores, médicos y burócratas, a ampararse contra la Ley del ISSSTE, la cual viola evidentemente la constitución en el artículo 123. Esos mismos jueces, declararon a Mario Marín como ajeno del tráfico de influencias mediante el cual protegió a Kamel Nacif y la red de pederastia denunciada por Lydia Cacho.
El pueblo, según el artículo 39 constitucional es el legítimo depositario del poder soberano; es decir, surgen de él las leyes, y es en él, en nosotros, donde cobra sentido el Estado mexicano. La Carta Magna también suscribe que México es un país libre e independiente y que es democrático, o sea, que se gobierna con, para y desde, el pueblo; la forma en que éste ejerce su soberanía (art. 41) es, a través de representantes populares, a través de los tres poderes de la Unión.
México tiene un presidente espurio, un congreso de zorros, gallos, pericos, hormigas, perros y gatos (como definió GCE a los partidos políticos) y el poder judicial es acaso una agencia donde se compra la justicia y donde por medio de sentencias y laudos acallan el clamor histórico y la necesidad de justicia con sentencias a modo.
Carece de lógica histórica el hecho que un presidente pelele, diputados y senadores “animales” y unos jueces elitistas decidan el futuro de una propiedad colectiva como lo es la industria petrolera.
La democracia mexicana no es imperfecta, simplemente no existe. El sistema de gobierno representativo que tiene nuestro país ha terminado por consolidar a élites políticas que favorecen la postura social y comercial de las otras élites (económicas, mediáticas y morales) y de sus propios intereses político particulares antes que representar la voluntad popular que debe reflejarse en el bien común.
El artículo 39 de la Constitución, reconoce el derecho inalienable del pueblo a cambiar la forma de su gobierno. No hay momento en la Historia reciente de México en que sea más necesario ejercer ese derecho, pues los poderes en los que depositamos el ejercicio de gobierno se hallan usurpados, fastidiados o corrompidos. El pueblo debe desconocerlos.
Por ello, la Consulta Ciudadana cobra sentido; es un acto, legal, libre y legítimo, en el que el pueblo despoja a sus “representantes” de esa categoría.
Cuando los gobernantes, en su desempeño o por su origen, se distancian del pueblo, de sus intereses como nación, de sus decisiones como Estado y deciden entregar los bienes o conculcar los derechos colectivos e individuales en lugar de salvaguardarlos, como es su obligación constitucional, entonces “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno”, es decir, que tiene el derecho de remover, suplir, cambiar, desconocer e incluso ratificar a esos poderes que se hallan usurpados.
La Constitución de Venezuela, en su artículo 138, determina lo que en nuestro 39 queda implícito: “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Por ello no podemos confiar en los tres poderes, que en el mejor de los casos (sólo en el legislativo y el judicial) algunos de sus integrantes son verdaderos representantes populares, pero que en la mayoría se reflejan las ideas y necesidades de las oligarquías y su deseo de mantener las desigualdades en beneficio de unos cuantos millonarios.
Así lo cree el propio pueblo de México. En quien debe recaer la decisión sobre el futuro de la industria petrolera es en sus únicos y legítimos dueños, los mexicanos como nación. Es una creencia generalizada, según GEA ISA, 83% de los mexicanos creen que debemos ser los ciudadanos quienes lo definamos mediante la consulta popular.
A ese porcentaje de la población que se pronuncia por la toma de decisiones directa, a través de la consulta se le opone un 72% de los senadores que aduciendo su representatividad, buscan cerrar los ojos a una ciudadanía participativa.
Fuentes:
Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política. Gabinete de Comunicación Estratégica. Director Liébano Saenz.
http://www.gabinetece.com.mx
Encuesta Telefónica Nacional GEA-ISA en torno a la percepción ciudadana sobre la reforma a la legislación para el sector petrolero (13 de junio de 2008)
http://www.isa.org.mx
El Cardenal de Guadalajara
por Jorge Gómez Naredo
por Jorge Gómez Naredo
Juan Sandoval Íñiguez es arzobispo de Guadalajara que en 1994 supliera a Juan Jesús Posadas Ocampo tras ser asesinado en el aeropuerto de esa ciudad.
Juan Sandoval Íñiguez es el cardenal de Guadalajara y, también, es quien verdaderamente manda en Jalisco, quien decide políticas y veta medidas. Sus relaciones no solamente se restringen al ámbito político, también entre la élite empresarial tiene influencia. Este personaje hace a muchos intelectuales y líderes sociales preguntarse: ¿existe realmente un estado laico en Jalisco?
A raíz de la llegada al gobierno del Estado de Emilio González Márquez, las relaciones entre los poderes civil y espiritual se han estrechado. El escándalo que mejor marca este proceso es la llamada megalimosna, un “donativo” hecho por el gobernador a una asociación civil llamada Pro Construcción del Santuario de los Mártires, fachada, en realidad, del Arzobispado de Guadalajara (dominado enteramente por el cardenal).
Pero, ¿cómo llegó a amasar tanta influencia el purpurado jalisciense? Sin duda, Sandoval Íñiguez ha sabido barajar bien sus cartas. Es amigo de los grandes políticos y de los grandes empresarios. Algunas versiones periodísticas lo relacionan con varios capos del narcotráfico, sin embargo, esto no se ha demostrado de manera clara y, por supuesto, su Excelencia no lo ha admitido. El cardenal, además, ha sabido manejar bien a los medios de comunicación. En realidad se ha comportado como un magnate de la información: el Arzobispado de Guadalajara tiene un periódico, El Semanario, que cada siete días tira alrededor de 35,000 ejemplares (datos proporcionados por el mismo periódico). Juan Sandoval Íñiguez también controla una estación de radio llamada Radio María, la cual transmite las 24 horas del día. Todavía no ha logrado la concesión, por lo cual alquila la señal al Grupo Televisa.
La presencia de Sandoval Íñiguez es constante en los medios de comunicación: cada vez que emite alguna declaración, la prensa, la radio y las televisoras locales registran sus palabras como si se tratara del gobernador. Así se explica la influencia contundente que tiene el purpurado en varios estratos de la sociedad tapatía: se sabe vender.
Dentro de la iglesia católica, Sandoval Íñiguez es considerado como uno de los personajes más retrógrados. Muchos lo comparan con el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Sin embargo, lo que diferencia al purpurado jalisciense de sus colegas es su influencia en el gobierno, en el empresariado y en los medios de comunicación. Temas como el aborto, la eutanasia, el uso generalizado del condón, el ejercicio pleno de la sexualidad, etcétera, son poco tratados por los políticos jaliscienses, saben que si los abordan, se las verán con el cardenal: y el cardenal es quien manda.
Juan Sandoval Íñiguez parece invencible. Sin embargo, hay ya signos de debilidad. Hace una semana redactó una carta pública dirigida a la asociación civil Pro Construcción del Santuario de los Mártires, donde pedía la devolución del controvertido donativo. No lo hizo porque quiso, porque lo deseaba, lo realizó porque la presión social ha sido enérgica ante este desvío de fondos. Pero falta mucho: Jalisco, hoy, no es un estado laico, es una entidad gobernada por un civil llamado Emilio González Márquez que tiene, como jefe supremo, a un cardenal: así de simple.
Spots. Mentiras disfrazadas de verdad
por Adriana Mendiola
por Adriana Mendiola
Parece ser que desde la campaña presidencial del año 2006, los spots están de moda, ya no anuncian el producto más innovador del mercado, el auto de año, el nuevo programa de televisión, eso ya no es interesante, ahora se dedican a promocionar o descalificar personajes políticos, el spot se ha vuelto el arma más poderosa para las practicas de la mercadotecnia electoral mexicana, este costoso recurso no solo se valúa en dinero sino en el número de mentes conquistadas, de mentes manipuladas
Curioso resulta ver el spot del debate petrolero donde opinan algunos expertos pero a lo largo de 5 semanas de debate han desfilado en promedio 60 personajes de las distintas ideologías políticas y diversa postura antes la reforma petrolera, resulta que sólo aparecen en este spot los que están a favor de privatizar PEMEX y no menos extraño es la aparición de invitados e integrantes del Partido Acción Nacional como : Mario Molina, Santiago Creel , Héctor Aguilar Camín , diciendo -sí a la reforma (privatización) , “es urgente y necesaria” ,
¿Por qué no sale ningún invitado de la oposición?, ¿qué acaso no fue interesante la exposición de: David Ibarra, Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdova , Juventino Castro? (por mencionar algunos), ¿para que repetir una y otra vez estás opiniones? ¿dónde quedó el respeto a libertad de pensar cada quién lo que desee sin mensajes manipuladores de por medio? ¿Pues que querrán ocultarle a la gente? Seguramente lo que todos ya saben reforma petrolera, igual a privatización. “PEMEX no se fortalece se privatiza”.
Curioso resulta ver el spot del debate petrolero donde opinan algunos expertos pero a lo largo de 5 semanas de debate han desfilado en promedio 60 personajes de las distintas ideologías políticas y diversa postura antes la reforma petrolera, resulta que sólo aparecen en este spot los que están a favor de privatizar PEMEX y no menos extraño es la aparición de invitados e integrantes del Partido Acción Nacional como : Mario Molina, Santiago Creel , Héctor Aguilar Camín , diciendo -sí a la reforma (privatización) , “es urgente y necesaria” ,
¿Por qué no sale ningún invitado de la oposición?, ¿qué acaso no fue interesante la exposición de: David Ibarra, Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdova , Juventino Castro? (por mencionar algunos), ¿para que repetir una y otra vez estás opiniones? ¿dónde quedó el respeto a libertad de pensar cada quién lo que desee sin mensajes manipuladores de por medio? ¿Pues que querrán ocultarle a la gente? Seguramente lo que todos ya saben reforma petrolera, igual a privatización. “PEMEX no se fortalece se privatiza”.
El Presidente Legítimo lee Redención Ciudadana
Redemptio
Salvador Díaz Mirón
(1890)
Llegué a desesperar… ¿A dónde iba
por el rudo peñón cortado a tajo?
Miré al cielo, y estaba muy arriba!
La sima con su vértigo me atrajo;
torné la faz a la traspuesta hondura,
vi la tierra, y estaba abajo!
Y la mitad de la pendiente dura
do el fragoso alud bota o resbala,
dudé entre la vergüenza y la locura.
Y un gran buitre al pasar me hirió con su ala,
y oré, sabiendo que el incienso sube
a excelsitudes que el cóndor no escala.
Implore con fervor… y me detuve
observando con pasmo que mi ruego
se condensaba alrededor en nube.
Y algo como una lágrima de fuego
brilló en ese vapor, germen de estragos,
y dijo a mi dolor convulso y ciego:
“Yo soy el numen de tus sueños vagos,
yo soy la llama de la zarza ardiente,
yo soy la estrella de los reyes magos:
Yo soy la Redención”. Y eco rugiente
se levantó del valle, y parecía
como rumor de mar… Y alcé la frente
y puse el pie en la nube que partía.
CARTÓN
La Res. Jousé Arciniega
Iniciativa Mérida, una Verdadera Ganga
El Ejércto y la Guerra del Raiting
por Ximena Valdés
En otros tiempos el Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual dueño de Televisa, declaraba sin empacho ser un soldado de PRI, cuánto habrán cambiado las cosas, que ahora los soldados, los del Ejército Mexicano son juguetes de Televisa.
27 millones de pesos, es lo que le costó a México un helicóptero artillado modelo UH60-L Black Hawk, adquirido para su utilización en operativos contra el narcotráfico. Operativos que al parecer únicamente cumplen cuando se trata de capturar a una importante y peligrosa líder de narcotraficantes que no existe. Y es que además de este helicóptero, 147 militares 16 vehículos de uso especial del ejército participaron en una producción televisiva llamada “El Pantera” a cargo de Televisa.
Esta empresa ha demostrado una y mil veces su complicidad con el gobierno federal, la justificación esta vez es que estos medios (militares) se prestaron para difundir la imagen de la propia administración y así exponer ante la sociedad las actividades de este sector en base al Estado de derecho y seguridad, poniendo en práctica algunas de las actividades de adiestramiento contra el narcotráfico, y apoyándose en uno de los cinco Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece como premisa fundamental que las personas necesitan garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable, difundiéndolas de esta forma.
Pero el apoyo militar no termina ahí ahora los miembros del ejército que participan en esto se han convertido en asesores y directores de actuación, ya que son los que orientan al protagonista de la serie en como vestir y que actitud tomar para mejorar su desempeño en el papel.
Y si bien es cierto que esta participación del Ejército logró dar un realce significativo a la serie elevando su nivel de rating. También es real que el uso de recursos militares debe ser reforzado y cumplir con su objetivo, que sin lugar a dudas no es el de la actuación.
Redemptio
Salvador Díaz Mirón
(1890)
Llegué a desesperar… ¿A dónde ibapor el rudo peñón cortado a tajo?
Miré al cielo, y estaba muy arriba!
La sima con su vértigo me atrajo;
torné la faz a la traspuesta hondura,
vi la tierra, y estaba abajo!
Y la mitad de la pendiente dura
do el fragoso alud bota o resbala,
dudé entre la vergüenza y la locura.
Y un gran buitre al pasar me hirió con su ala,
y oré, sabiendo que el incienso sube
a excelsitudes que el cóndor no escala.
Implore con fervor… y me detuve
observando con pasmo que mi ruego
se condensaba alrededor en nube.
Y algo como una lágrima de fuego
brilló en ese vapor, germen de estragos,
y dijo a mi dolor convulso y ciego:
“Yo soy el numen de tus sueños vagos,
yo soy la llama de la zarza ardiente,
yo soy la estrella de los reyes magos:
Yo soy la Redención”. Y eco rugiente
se levantó del valle, y parecía
como rumor de mar… Y alcé la frente
y puse el pie en la nube que partía.
CARTÓN
La Res. Jousé Arciniega
Iniciativa Mérida, una Verdadera Ganga
El Ejércto y la Guerra del Raiting
por Ximena Valdés
En otros tiempos el Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual dueño de Televisa, declaraba sin empacho ser un soldado de PRI, cuánto habrán cambiado las cosas, que ahora los soldados, los del Ejército Mexicano son juguetes de Televisa.
27 millones de pesos, es lo que le costó a México un helicóptero artillado modelo UH60-L Black Hawk, adquirido para su utilización en operativos contra el narcotráfico. Operativos que al parecer únicamente cumplen cuando se trata de capturar a una importante y peligrosa líder de narcotraficantes que no existe. Y es que además de este helicóptero, 147 militares 16 vehículos de uso especial del ejército participaron en una producción televisiva llamada “El Pantera” a cargo de Televisa.
Esta empresa ha demostrado una y mil veces su complicidad con el gobierno federal, la justificación esta vez es que estos medios (militares) se prestaron para difundir la imagen de la propia administración y así exponer ante la sociedad las actividades de este sector en base al Estado de derecho y seguridad, poniendo en práctica algunas de las actividades de adiestramiento contra el narcotráfico, y apoyándose en uno de los cinco Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece como premisa fundamental que las personas necesitan garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable, difundiéndolas de esta forma.
Pero el apoyo militar no termina ahí ahora los miembros del ejército que participan en esto se han convertido en asesores y directores de actuación, ya que son los que orientan al protagonista de la serie en como vestir y que actitud tomar para mejorar su desempeño en el papel.
Y si bien es cierto que esta participación del Ejército logró dar un realce significativo a la serie elevando su nivel de rating. También es real que el uso de recursos militares debe ser reforzado y cumplir con su objetivo, que sin lugar a dudas no es el de la actuación.
El olímpico desastre que viene
por Alejandro Ayala
Con una gran delegación de 200 burócratas y entrenadores y una representación de solo 84 atletas 45 menos que en la pasada Olimpiada, lucirá México su desprecio por el deporte en los próximos Juegos Olímpicos. La Administración Federal exhibirá la falta de compromiso y programas de desarrollo del deporte en México.
Los atletas pagaran los platos rotos de Carlos Hermosillo, quien con nula experiencia en cuestiones de políticas deportivas, pero íntimamente ligado a campañas y presidencias espurias, tomó las riendas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), siendo uno de los primeros invitados al festín del gobierno usurpador.
Las voces contra la corrupción y las políticas deportivas en un país con una minúscula cosecha histórica de medallas no se han hecho esperar. En fechas recientes, la máxima figura del atletismo, Ana Guevara, se ha manifestado en contra de las políticas del hombre que lleva en los pies el destino sexenal del deporte; en una entrevista hecha en tierras tabasqueñas declaró:
“Está más que visto, no hay mucho que decir, la tablita de evaluación vendrá en dos meses. (…)Van arriba de un carrito de hielo y van en caída libre. Yo dije lo que está mal, hablé con todo tipo de autoridades y nadie me hizo caso, de nada serviría seguir diciendo lo mismo. Y lo he dicho, siempre los jodidos terminamos siendo los deportistas”.
Serán 84 los atletas que intentarán la misión imposible de traer medallas, en un contexto de falta de visión y fomento al deporte, aunado a los abusos de los pequeños feudos controlados por funcionarios corruptos; estos deportistas serán objeto de las más severas telecríticas. Será necesario y urgente consultar sobre los destinos de más de dos mil millones de pesos destinados por la actual administración blanquiazul, los cuales representan tres veces más dinero con relación a las olimpiadas de 2004. Lo que por una simple operación lógica debiera aportarnos cosecha triple en el cuadro de medallas y desarrollo en el ámbito deportivo.
La campeona olímpica, que hoy preside el Instituto del Deporte del Distrito Federal, advierte sobre los riesgos de que los medallistas de la pasada olimpiada no asistan a los juegos de Pekín. Con toda la autoridad moral bien ganada en años de esfuerzo y disciplina y toda su categoría deportiva, concederemos razón a sus atinadas declaraciones, en un país sumido en la corrupción, bien lo dijo: “Las medallas no se compran”
por Alejandro Ayala
Con una gran delegación de 200 burócratas y entrenadores y una representación de solo 84 atletas 45 menos que en la pasada Olimpiada, lucirá México su desprecio por el deporte en los próximos Juegos Olímpicos. La Administración Federal exhibirá la falta de compromiso y programas de desarrollo del deporte en México.
Los atletas pagaran los platos rotos de Carlos Hermosillo, quien con nula experiencia en cuestiones de políticas deportivas, pero íntimamente ligado a campañas y presidencias espurias, tomó las riendas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), siendo uno de los primeros invitados al festín del gobierno usurpador.
Las voces contra la corrupción y las políticas deportivas en un país con una minúscula cosecha histórica de medallas no se han hecho esperar. En fechas recientes, la máxima figura del atletismo, Ana Guevara, se ha manifestado en contra de las políticas del hombre que lleva en los pies el destino sexenal del deporte; en una entrevista hecha en tierras tabasqueñas declaró:
“Está más que visto, no hay mucho que decir, la tablita de evaluación vendrá en dos meses. (…)Van arriba de un carrito de hielo y van en caída libre. Yo dije lo que está mal, hablé con todo tipo de autoridades y nadie me hizo caso, de nada serviría seguir diciendo lo mismo. Y lo he dicho, siempre los jodidos terminamos siendo los deportistas”.
Serán 84 los atletas que intentarán la misión imposible de traer medallas, en un contexto de falta de visión y fomento al deporte, aunado a los abusos de los pequeños feudos controlados por funcionarios corruptos; estos deportistas serán objeto de las más severas telecríticas. Será necesario y urgente consultar sobre los destinos de más de dos mil millones de pesos destinados por la actual administración blanquiazul, los cuales representan tres veces más dinero con relación a las olimpiadas de 2004. Lo que por una simple operación lógica debiera aportarnos cosecha triple en el cuadro de medallas y desarrollo en el ámbito deportivo.
La campeona olímpica, que hoy preside el Instituto del Deporte del Distrito Federal, advierte sobre los riesgos de que los medallistas de la pasada olimpiada no asistan a los juegos de Pekín. Con toda la autoridad moral bien ganada en años de esfuerzo y disciplina y toda su categoría deportiva, concederemos razón a sus atinadas declaraciones, en un país sumido en la corrupción, bien lo dijo: “Las medallas no se compran”
EN INTERNET
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Redención Ciudadana es una publicación libre de la Liga Nacional de Comités Ciudadanos en Resistencia A. C.
Ferrer Galván Acosta, presidente.
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Ferrer Galván Acosta, Alejandro Ayala, Jaime Pardo Almazán, Marco Arturo Calderas, Ximena Valdés, María Elena Mejía, Luis Javier Briseño, Adriana Mendiola.
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Mercedes Acosta
Tel. 5617 7208 redencionciudadana@gmail.com
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